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Resumen

Ante el avance de la criminalidad ambiental, el presente artículo analiza el papel de las nuevas tecnologías, particularmente los drones y los sensores remotos, en el fortalecimiento de la investigación penal ambiental en Colombia. A partir de un enfoque cualitativo, documental y propositivo, el estudio identifica los vacíos normativos y operativos que obstaculizan la obtención, validación y valoración de pruebas en delitos como la deforestación y la minería ilegal, examinando experiencias internacionales que demuestran la efectividad de estas tecnologías en la recolección de evidencia técnica y científica. El artículo propone un modelo de articulación institucional para su implementación en el contexto colombiano, así como lineamientos jurídicos y operativos orientados a garantizar la admisibilidad probatoria, el respeto a los derechos fundamentales y la eficiencia investigativa. Finalmente, se destacan mecanismos viables de financiación nacional e internacional y se argumenta la necesidad de reformas normativas, capacitación técnica y cooperación interinstitucional. Jurídicamente, esta investigación ofrece aportes sustantivos al desarrollo de una justicia penal ambiental más efectiva, moderna y alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad, legalidad y protección de los bienes jurídicos colectivos.

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