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Resumen
Los crecientes reclamos de los pueblos indígenas por la recuperación de sus tierras ancestrales han despertado viejos conflictos entre diversas formas de titularidad que confluyen y se superponen en los territorios reclamados a título colectivo. Mientras que el derecho estatal, con la fuerza que le imprime su carácter hegemónico, atribuye plena legalidad a los derechos individuales, la historia indica que se han empleado medios fraudulentos y violentos para despojar a las comunidades y que se ha organizado durante siglos un régimen jurídico y político para legalizar y legitimar este despojo. Sin embargo, con la constitucionalización de un marco jurídico especial para los pueblos indígenas y la consolidación del sistema internacional de protección de sus derechos territoriales, la presunción de legalidad del despojo ha perdido formalmente su vigencia —aunque para algunos conserve legitimidad— y, en su lugar, se abrió paso una presunción de legalidad de la propiedad colectiva ancestral.
En el presente artículo demostraré que el principio de prevalencia de la propiedad privada individual rige las decisiones estatales cuando las comunidades persiguen la protección y la garantía de la propiedad colectiva, con lo cual termina el Estado emulando una concepción de la propiedad privada absoluta y alejada de su función social[1]. Adicionalmente, propongo indagar si la existencia de rutas administrativas y normativas especiales para el reconocimiento de los derechos colectivos puede ser, a la vez, una separación estratégica de los reclamos indígenas a través de un entramado normativo que no comprometa la propiedad privada consolidada a lo largo del proyecto republicano de exterminio indígena. Es decir que construir un régimen normativo especial puede facilitar la estructuración de regímenes jurídicos de propiedad segmentados (indígena–no indígena) con una influencia asimétrica entre uno y otro, bajo la cual el régimen jurídico de propiedad privada individual influencia procesal y sustancialmente el régimen jurídico de propiedad privada colectiva, sin permitir que este último influencie o ponga en cuestión la propiedad privada individual. En el ámbito práctico, se produce un derecho especial indígena que satisface los reclamos de trato diferencial y multiculturalismo, separado estratégicamente del régimen jurídico dominante que asegura la protección de la propiedad privada individual.
Para situar cómo operan las tensiones entre dos dimensiones de la propiedad me sirvo de fragmentos ilustrativos que corresponden al caso del resguardo indígena de origen colonial Cañamomo Lomaprieta, cuya vigencia legal fue ratificada por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-530 de 2016. El artículo está dividido en seis partes: un contexto del resguardo que inspira gran parte de esta reflexión; una exposición sucinta de la protección de la propiedad colectiva en el sistema interamericano de derechos humanos; la identificación de las principales tensiones entre propiedad privada individual y propiedad colectiva, así como las pautas de la Corte idh para su abordaje; los límites formales para la garantía del derecho a la propiedad privada colectiva en el ámbito interno; un abordaje sobre los límites de la presunción de legalidad de la propiedad privada individual en territorios ancestrales; un análisis sobre los límites del derecho a la ocupación ancestral en el resguardo de origen Colonial Cañamomo Lomaprieta y los límites del derecho especial indígena en materia de protección de tierras y territorios.
[1] Eduardo Cordero señala que, con el surgimiento de la función social de la propiedad privada, las potestades reguladoras del Estado trascienden su papel como árbitro entre particulares o como barrera frente a los actos que puedan afectar la sociedad para convertirse en un actor con la facultad de imponer límites necesarios para el logro de fines colectivos (Cordero y Aldunate Lizana, 2008).
Palabras clave:
Citas
Agencia Nacional de Tierras. (2022, 17 de mayo). Caso de la comunidad de Barrulia. Resolución 20225100110896.
Appelbaum, N. (2007). Dos plazas y una nación: raza y colonización en Riosucio, Caldas, 1846-1948. ICAN.
Ariza, L. J. (2009). Derecho, saber e identidad indígena. Siglo del Hombre Editores.
Cabildo de indígenas de Ipiales vs. Isaías Reina y otros. Sala de Casación Civil. (24 de septiembre de 1962).
Caicedo, L. J. (2018). Cinco siglos de historia de Riosucio (Caldas). Con énfasis en la formación del territorio. UTP. https://doi.org/10.22517/9789587225426
Cernic, J. L. (2013). Obligaciones de los Estados en materia de derechos territoriales indígenas. Anuario de acción humanitaria y derechos humanos, 11, 41-74.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1999, 26 de febrero). Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. OEA.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Derechos de los Pueblos Indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurispriudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas. (2019). Informe: Estado de Cosas Inconstitucional de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. https://cntindigena.org/documents/Informes/COM_ESTADO-DE-COSAS-INCONSTITUCIONAL-DE-LOS-DERECHOS-TERRITORIALES-DE-LOS-PUEBLOS-INDIGENAS-14092020.pdf
Comunidad indígena yakie axa vs. Paraguay. Caso Serie C No. 125. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. (17 de junio de 2005).
Comunidad mayagna (sumo) awas tingni vs. Nicaragua. Caso Serie C No. 79. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. (31 de agosto de 2001).
Comunidad indígena sawhoyamaxa vs. Paraguay. Caso Serie C No. 146. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. (29 de marzo de 2006).
Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Caso Serie C 400. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas (6 de febrero de 2020).
Cordero, E. y Aldunate Lizana, E. (2008). Evolución histórica del concepto de propiedad. Revista de estudios histórico-jurídicos, 30, 345-385.
Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia C-780. 26 de septiembre de 2007.
Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia C-731. 12 de julio de 2005.
Corte Constitucional de Colombia. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-530. 27 de septiembre de 2016.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.673 Argentina. Informe Nº 39/96. 15 de octubre de 1996.
Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 21. 18 de julio de 1978.
Decreto 2164 de 1995. Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas. 7 de diciembre de 1995.
Decreto 2333 de 2014. Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas. 19 de noviembre de 2014.
Escobar, L. F. (2002). Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supia, 1810-1950. Ministerio de Cultura.
Gärtner, A. (2005). Los místeres de las minas: crónica de la colonia europea más grande de Colombia en el siglo XIX, surgida alrededor de las minas de Marmato, Supía y Riosucio. Universidad de Caldas.
LeGrand, C. (2016). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Universidad Nacional de Colombia.
Ley 4 de 1973. Por la cual se introducen modificaciones a las Leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 1ª de 1968. Se establecen disposiciones sobre renta presuntiva, se crea la Sala Agraria en el Consejo de Estado y se dictan otras disposiciones. 29 de marzo de 1973.
Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Diario Oficial No. 33780.
Ley 89 de 1890. Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. 25 de noviembre de 1890.
Lopera, G. (2010). Territorios, identidades y jurisdicciones en disputa: La regulación sobre los derechos sobre la tierra en el resguardo Cañamomo-Lomaprieta. Universitas humanística, 69, 61-81. https://doi.org/10.22380/20274688.819
Lopera, G. (2020). Creando posesión vía desposesión. Visitas a la tierra y conformación de resguardos indígenas en la Vega de Supía, 1559-1759. Fronteras de la Historia, 25(2), 120-156.
Lopera, G. (2021). We have the land titles. Indigenous litigants and privatization of resguardos in Colombia, 1870s–1940s [Tenemos los títulos de propiedad. Litigantes indígenas y privatización de resguardos en Colombia, 1870-1940]. [Tesis de doctorado no publicada]. Florida International University.
López, P. G. (2019). Pluralismo jurídico, jurisdicción y colonialidad jurídica: alcances y límites del reconocimiento indígena. En P. G. López y O. Mejía (coords.), Pueblos Indígenas y Estado. Avances, límites y desafíos del reconocimiento indígena (pp. 233-260). Ediciones Abya-Yala.
Martini, P. y Mayorga, F. (2004). Los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras de comunidad. Del Nuevo Reino de Granada a la República de Colombia. En M. Losano (Ed.), Un giudice e due Leggi. Pluralismo Normativo e conflitti agrari in sud america [Un juez y dos Leyes. Pluralismo normativo y conflictos agrarios en América del Sur] (pp. 35-75). Giuffré.
Marzioni vs. Argentina. Caso No. 11 673. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (15 de octubre de 1996).
Mayorga García, F. (2016). La propiedad territorial indígena en el Estado Soberano del Cauca (1858-1885). En O. Cruz y J. L. Soberanes (Coords.), Historia del Derecho. X Congreso de historia del derecho mexicano. Memorias (pp. 151-190) (Tomo I). Universidad Nacional Autónoma de México.
Melo, M. S. y Sánchez Ramos, C. (1972). Las empresas comunitarias campesinas en Colombia. IICA.
Organización de las Naciones Unidas. (2007, 13 de septiembre). Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.
Organización de los Estados Americanos. (1969, 22 de noviembre). Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”.
Organización Internacional del Trabajo. (1957, 26 de junio). Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales. C-107 de 1957.
Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra?: Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Fondo de Cultura Económica.
Perrone, N. (2013). Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. En E. Alonso (dir.), La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino (pp. 355-370). La Ley y Universidad de Buenos Aires. http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-derecho-argentino/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-
derecho-argentino.pdf
Pueblo indígena xuxuru y sus miembros vs. Brasil. Caso Serie C No. 346. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. (5 de febrero de 2018).
Quinzacara, E. C. y Aldunate Lizana, E. (2008). Evolución Histórica del Concepto de Propiedad. Revista de estudios histórico-jurídicos, 30, 345-385. https://doi.org/10.4067/S0716-54552008000100013
Resolución 4018 de 2009 [Superintendencia de Notariado y Registro]. 28 de mayo de 2009.
Resolución 20225100110896 [Agencia Nacional de Tierras]. Protección del Territorio Ancestral de la comunidad Barrulia del Pueblo Sikuani, 17 de mayo de 2022.
Resolución 20225100173706 [Agencia Nacional de Tierras]. Por la cual se decide sobre el reconocimiento y la protección provisional de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional de la comunidad indígena Jai Dukama del pueblo EmberaKatio, ubicada en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia. 04 de julio de 2022.
de Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. CLACSO.
Toya, S. Z. (1994). Las presunciones en el derecho civil. Derecho PUCP, 48, 95-116. https://doi.org/10.18800/derechopucp.199401.005
Tribunal Administrativo de Caldas. Fallo de Segunda Instancia. Acción Popular No. 0005102 (12 de abril de 2012).
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