Núm. 21 (2026)
https://doi.org/10.21789/25007807.2227
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
INCORPORACIÓN JURÍDICA DE DRONES Y SENSORES
REMOTOS EN LA OBTENCIÓN PROBATORIA PENAL
AMBIENTAL COLOMBIANA
LEGAL INCORPORATION OF DRONES AND REMOTE SENSORS INTO THE
GATHERING OF EVIDENCE IN COLOMBIAN ENVIRONMENTAL CRIMINAL CASES
INCORPORAÇÃO JURÍDICA DE DRONES E SENSORES REMOTOS À COLETA DE
PROVAS EM PROCESSOS CRIMINAIS AMBIENTAIS COLOMBIANO
Leidy Johanna Arenales Rangel
Policía Nacional de Colombia
leidy.arenales@correo.policia.gov.co
David Alexander Laguna Doncel
Policía Nacional de Colombia
david.laguna5159@correo.policia.gov.co
Fecha de recepción: 25 de junio de 2025
Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2025
Disponible en línea: 28 de julio de 2026
Sugerencia de citación:
Arenales Rangel, L. J., Laguna Doncel, D. A. (2026). Incorporación jurídica de drones y sensores remotos en la obtención
probatoria penal ambiental colombiana.
Razón Crítica, 21, 1-22. https://doi.org/10.21789/25007807.2227
Resumen
Ante el avance de la criminalidad ambiental, el presente artículo analiza el papel de las nuevas
tecnologías, particularmente los drones y los sensores remotos, en el fortalecimiento de la investigación penal
ambiental en Colombia. A partir de un enfoque cualitativo, documental y propositivo, el estudio identifica los
vacíos normativos y operativos que obstaculizan la obtención, validación y valoración de pruebas en delitos
como la deforestación y la minería ilegal, examinando experiencias internacionales que demuestran la
efectividad de estas tecnologías en la recolección de evidencia técnica y científica. El artículo propone un
modelo de articulación institucional para su implementación en el contexto colombiano, así como lineamientos
jurídicos y operativos orientados a garantizar la admisibilidad probatoria, el respeto a los derechos
fundamentales y la eficiencia investigativa. Finalmente, se destacan mecanismos viables de financiación
nacional e internacional y se argumenta la necesidad de reformas normativas, capacitación técnica y
cooperación interinstitucional. Jurídicamente, esta investigación ofrece aportes sustantivos al desarrollo de
una justicia penal ambiental más efectiva, moderna y alineada con los estándares internacionales de
sostenibilidad, legalidad y protección de los bienes jurídicos colectivos.
Leidy Johanna Arenales Rangel, David Alexander Laguna Doncel (2026). https://doi.org/10.21789/25007807.2227
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Palabras clave: Derecho ambiental; justicia penal; nuevas tecnologías; prueba digital; drones y
sensores remotos; ciencias sociales.
Abstract
Considering rising environmental crime, this article analyzes the role of new technologies—
particularly drones and remote sensors—in strengthening environmental criminal investigations in Colombia.
Adopting a qualitative, documentary, and proposal-oriented approach, the study identifies the regulatory and
operational gaps that hinder the obtaining, validation, and assessment of evidence regarding crimes such as
deforestation and illegal mining, while examining international experiences that demonstrate the effectiveness
of these technologies in gathering technical and scientific evidence. The article proposes a model for
institutional coordination for implementation within the Colombian context, as well as legal and operational
guidelines aimed at ensuring evidentiary admissibility, respect for fundamental rights, and investigative
efficiency. Finally, it highlights viable national and international funding mechanisms and argues for the
necessity of regulatory reforms, technical training, and inter-institutional cooperation. From a legal
perspective, this research makes substantive contributions to the development of an environmental criminal
justice system that is more effective, modern, and aligned with international standards of sustainability,
legality, and the protection of collective legal interests.
Keywords: Environmental law; criminal justice; new technologies; digital evidence; drones and
remote sensors; social sciences.
Resumo
Diante do aumento dos crimes ambientais, este artigo analisa o papel de novas tecnologias —
particularmente drones e sensores remotos — no fortalecimento das investigações criminais ambientais na
Colômbia. Adotando uma abordagem qualitativa, documental e propositiva, o estudo identifica as lacunas
regulatórias e operacionais que dificultam a obtenção, a validação e a avaliação de provas relacionadas a crimes
como desmatamento e mineração ilegal, ao mesmo tempo em que examina experiências internacionais que
demonstram a eficácia dessas tecnologias na coleta de evidências técnico-científicas. O artigo propõe um
modelo de coordenação institucional para implementação no contexto colombiano, bem como diretrizes
jurídicas e operacionais voltadas a garantir a admissibilidade da prova, o respeito aos direitos fundamentais e a
eficiência investigativa. Por fim, destaca mecanismos viáveis de financiamento nacional e internacional e
defende a necessidade de reformas regulatórias, capacitação técnica e cooperação interinstitucional. Sob uma
perspectiva jurídica, esta pesquisa traz contribuições substanciais para o desenvolvimento de um sistema de
justiça criminal ambiental mais eficaz, moderno e alinhado aos padrões internacionais de sustentabilidade,
legalidade e proteção de interesses jurídicos coletivos.
Palavras-chave: Direito ambiental; justiça criminal; novas tecnologias; provas digitais; drones e
sensores remotos; ciências sociais.
Introducción
La investigación penal enfrenta en la actualidad nuevos retos derivados de la
complejidad creciente de los delitos ambientales, fenómenos que atentan gravemente contra
los bienes jurídicos colectivos y que afectan de manera directa los derechos fundamentales de
las comunidades. Puntualmente, en Colombia, delitos como la deforestación y la minería ilegal
comprometen la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos, mientras provocan serios
impactos socioeconómicos y culturales (Vargas et al., 2020). Frente a estos desafíos, el uso de
nuevas tecnologías, como drones y sensores remotos, se perfila como una herramienta
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estratégica para fortalecer la eficacia de la investigación penal y optimizar la obtención y
validación de medios probatorios.
En Colombia, la deforestación ha alcanzado niveles alarmantes, con una pérdida de 123
517 ha de bosque en 2022, concentrándose en departamentos como Caquetá, Guaviare y Meta,
zonas claves para la conectividad ecológica amazónica (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales [IDEAM], 2023). De igual forma, la minería ilegal afecta al menos 100
municipios y ha contaminado más de 80 ríos con mercurio, según informes de la Procuraduría
General de la Nación (2024). Estas actividades amenazan la biodiversidad, deterioran fuentes
hídricas, desplazan comunidades y financian estructuras criminales. Frente a esta degradación
sistemática, se requiere una intervención penal más ágil, científica y tecnológicamente
equipada que permita contener esta emergencia ecológica.
La protección del medio ambiente ha sido reconocida como un deber y un derecho de
rango constitucional en Colombia, como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política
(1991), en concordancia con tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú de 2018. No
obstante, la práctica evidencia serias dificultades para lograr resultados efectivos en materia de
persecución penal de los delitos ambientales debido a limitaciones técnicas y operativas en la
recolección de pruebas (Yepes et al., 2022). Frente a este escenario, las nuevas tecnologías
ofrecen un gran potencial para superar los vacíos existentes y fortalecer el trabajo de los
operadores judiciales.
Entre las principales dificultades que enfrenta actualmente la investigación penal en
delitos ambientales se encuentran las condiciones geográficas adversas, la falta de acceso
oportuno a los lugares afectados y la insuficiencia de recursos técnicos para recolectar pruebas
idóneas y confiables (Esper, 2019). Estas carencias afectan directamente la calidad de las
evidencias presentadas en juicio, debilitando los procesos de judicialización y facilitando la
impunidad. Por consiguiente, la falta de innovación en los métodos de investigación constituye
un obstáculo estructural que debe ser abordado con urgencia.
Frente a esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo puede
el uso de nuevas tecnologías, como drones y sensores remotos, fortalecer la investigación penal
en Colombia, optimizando la determinación eficiente y válida de pruebas en casos de delitos
ambientales como la deforestación y la minería ilegal? Dicho interrogante orienta la estructura
y el desarrollo del presente estudio, el cual busca describir la situación actual, analizar
experiencias apreciables y proponer soluciones viables.
El objetivo general de esta investigación es analizar cómo el uso de nuevas tecnologías,
como drones y sensores remotos, puede contribuir al fortalecimiento de la investigación penal
en Colombia, con énfasis en la determinación eficiente y válida de pruebas en casos de delitos
ambientales como la deforestación y la minería ilegal. De este propósito se derivan tres
objetivos específicos: primero, identificar los vacíos normativos y operativos actuales en la
recolección de pruebas en investigaciones penales por delitos ambientales en Colombia;
segundo, evaluar experiencias nacionales e internacionales relevantes sobre el uso de
tecnologías emergentes en procesos judiciales relacionados con delitos ambientales; y tercero,
proponer lineamientos técnicos y jurídicos para la incorporación de tecnologías como drones y
sensores remotos en los procedimientos de investigación penal con el fin de optimizar la
eficacia probatoria.
Ahora bien, la importancia y pertinencia de esta investigación se sustenta en diversos
factores, por cuanto existen evidentes vacíos en la práctica penal colombiana respecto al uso de
tecnologías en la investigación de delitos ambientales. A pesar de los avances normativos en
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materia de protección ambiental, la aplicación práctica de estas normas enfrenta limitaciones
severas por la falta de métodos de investigación modernos y adaptados a los rasgos de los
delitos contra el medio ambiente (Grisales-Beltrán, 2023). Asimismo, el incremento alarmante
de delitos ambientales en el país, evidenciado por informes de la Procuraduría General de la
Nación y de organizaciones internacionales como la ONU Medio Ambiente (2022), demanda
respuestas más eficientes y especializadas por parte de las autoridades judiciales.
Aunado a lo anterior, la necesidad de fortalecer la eficacia probatoria mediante la
innovación tecnológica se configura como un imperativo inaplazable, opinión compartida por
Cardona Pérez (2024), para quien el estándar probatorio exigido en los procesos penales
requiere que la evidencia sea obtenida de manera lícita, oportuna, completa y fiable;
características que pueden ser garantizadas mediante el uso de tecnologías que reduzcan el
margen de error humano y aumenten la objetividad en la recolección de datos. En este sentido,
la incorporación de drones y sensores remotos en los procedimientos de investigación penal
tiene un fundamento técnico y una justificación jurídico-procesal.
En el plano internacional, diversos países han avanzado en la regulación y uso de
tecnologías emergentes para la persecución de delitos ambientales. Así, experiencias de
naciones como Estados Unidos, Canadá y Brasil demuestran que el empleo de sistemas de
monitoreo aéreo, imágenes satelitales y análisis de datos geoespaciales puede mejorar en gran
medida la detección temprana de delitos, la obtención de pruebas y la eficacia de los procesos
judiciales (Bortagaray y de Montevideo, 2016). Colombia, en cambio, presenta un rezago
importante en este campo, lo que evidencia la urgencia de adoptar medidas concretas para
cerrar esa brecha.
Este artículo, por tanto, busca contribuir al debate académico y jurídico sobre la
modernización de la investigación penal en delitos ambientales, proponiendo alternativas que
integren el potencial de las nuevas tecnologías dentro del marco de las garantías procesales
vigentes. Para ello, se estructura en varias secciones: en primer lugar, se presenta una revisión
crítica de los antecedentes y del marco teórico relacionado con los delitos ambientales, la
investigación penal y el uso de tecnologías emergentes; segundo, se describe la metodología
empleada, basada en el análisis documental y comparativo de fuentes jurídicas y doctrinales;
posteriormente, se exponen los resultados obtenidos, organizados en torno a los vacíos
detectados, las experiencias relevantes y las propuestas formuladas; y finalmente, se presentan
las conclusiones del estudio, destacando las contribuciones realizadas y señalando las líneas
futuras de investigación necesarias para profundizar en la materia.
Por ende, con esta investigación se pretende aportar elementos que fortalezcan el
ejercicio del derecho penal ambiental en Colombia, favoreciendo una respuesta estatal más
eficaz, oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales, en consonancia con los principios
del Estado social de derecho y la protección de los bienes jurídicos colectivos. Asimismo,
teniendo en consideración que en un contexto donde la degradación ambiental avanza a un
ritmo alarmante, el perfeccionamiento de los mecanismos de investigación y judicialización de
los responsables se erige como una tarea esencial para garantizar el respeto del derecho a un
ambiente sano, consagrado en la Constitución de 1991 y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos.
En suma, la necesidad de innovar en los métodos de recolección de pruebas en los
delitos ambientales no responde únicamente a consideraciones técnicas, sino también a
exigencias jurídicas y éticas vinculadas al acceso efectivo a la justicia ambiental. Como
advierten autores como García y Amaya (2023), el acceso a pruebas robustas y confiables es
una condición indispensable para asegurar la efectividad de los derechos ambientales y, por
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ende, para consolidar un modelo de justicia penal que responda a las complejas dinámicas de
criminalidad ambiental contemporánea. Por tanto, la incorporación de tecnologías novedosas
en el proceso penal colombiano sobrepasa los límites de una opción para convertirse en una
obligación correlativa al mandato constitucional de protección del medio ambiente.
Revisión crítica de antecedentes y marco teórico
La comprensión del fenómeno de los delitos ambientales es fundamental para
contextualizar los desafíos que enfrenta la investigación penal en Colombia. Cabe señalar que
los delitos ambientales, en términos generales, se definen como aquellas conductas que, de
manera ilícita, afectan negativamente los componentes del medio ambiente, transgrediendo los
marcos normativos que buscan proteger los recursos naturales y el equilibrio ecológico
(Sadeleer, 2017). Dichas acciones vulneran bienes jurídicos colectivos y, en muchos casos,
afectan de forma directa derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso al agua
potable, conforme lo reconoce la doctrina contemporánea (Paredes Paredes y Almagro Castro,
2023).
Es importante destacar que la clasificación de los delitos ambientales varía de acuerdo
con los sistemas jurídicos. En Colombia, se identifican principalmente en torno a tres grandes
grupos: delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delitos asociados a la
biodiversidad y delitos derivados de actividades extractivas ilegales (Grisales-Beltrán, 2023).
Bajo este enfoque, la deforestación —tipificada como daño a los recursos naturales
renovables— y la minería ilegal —contemplada en el artículo 338 del Código Penal Colombiano
(Ley 599, 2000)— constituyen dos de los fenómenos delictivos más preocupantes por su
incidencia creciente y su impacto desproporcionado en zonas de alta sensibilidad ecológica
como la Amazonía y el Pacífico colombiano (Vargas et al., 2020).
El fundamento legal de la protección ambiental en Colombia se encuentra consagrado
principalmente en la Constitución, la cual establece en su artículo 79 el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, así como el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para lograr estos fines (Constitución Política, 1991). Asimismo, el artículo 80
refuerza esta obligación imponiendo al Estado el deber de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible (Corte
Constitucional, 2024).
Conforme a lo anterior, en materia penal, el título XI del Código Penal Colombiano (Ley
599 de 2000) regula los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Entre las
conductas sancionadas se encuentran el daño en los recursos naturales (artículo 328), la
explotación ilícita de yacimientos mineros (artículo 338) y la contaminación ambiental
(artículo 331), entre otros. No obstante, diversos estudios han señalado que la tipificación penal
presenta ambigüedades y dificultades de aplicación, lo que ha limitado la efectividad de la
acción punitiva frente a los delitos ambientales (García, 2022).
Bajo este enfoque, la normativa internacional también juega un papel relevante en la
protección ambiental y en la orientación de la investigación penal. En este sentido, Colombia
ha ratificado instrumentos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación y, más recientemente, el Acuerdo de Escazú, el cual fortalece el acceso a la
información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales (ONU, 2018). Estos
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tratados imponen obligaciones específicas que deben ser consideradas en la investigación y
sanción de los delitos ambientales.
No obstante, la recolección de pruebas en delitos ambientales enfrenta múltiples
obstáculos en Colombia: desde el punto de vista técnico, la dificultad de acceder a las zonas
rurales más aisladas, las condiciones climáticas adversas y la falta de equipamiento
especializado limitan la capacidad de los investigadores para documentar adecuadamente los
hechos delictivos (García, 2022); y desde el punto de vista jurídico, la cadena de custodia de la
evidencia recolectada en contextos ambientales presenta desafíos particulares que afectan la
validez y la admisibilidad de las pruebas en los procesos judiciales (Catota, 2020).
A ello se le suman vacíos normativos y operativos, entre los que destaca la falta de
protocolos específicos para la utilización de nuevas tecnologías en la investigación de delitos
ambientales. De allí que la ausencia de regulación clara sobre el uso de drones, sensores
remotos y técnicas de monitoreo ambiental plantea interrogantes sobre la licitud de las pruebas
obtenidas mediante estos medios, especialmente en lo que respecta a la protección del derecho
a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio (Corte Constitucional, 2012).
En este escenario, las tecnologías innovadoras se presentan como alternativas idóneas
para superar las limitaciones tradicionales. Los drones, también conocidos como Vehículos
Aéreos no Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), permiten obtener imágenes de alta
resolución en tiempo real, facilitando la identificación de áreas afectadas por actividades ilícitas
sin poner en riesgo a los investigadores (Dávila, 2024) gracias a su capacidad para sobrevolar
zonas de difícil acceso y documentar daños ambientales con precisión, lo cual los convierte en
una herramienta valiosa para fortalecer la fase de recaudo probatorio.
A su vez, los sensores remotos abarcan una amplia gama de dispositivos capaces de
captar información sobre el medio ambiente desde una distancia considerable, incluyendo
satélites, sistemas de radar y cámaras multiespectrales (Campbell, 2024). Estas tecnologías
permiten realizar análisis comparativos de cambios en la cobertura vegetal, detección de
alteraciones en cuerpos de agua y monitoreo de áreas protegidas, aportando evidencia
científica robusta que puede ser utilizada en los procesos penales para demostrar la comisión
de delitos ambientales.
Otras tecnologías de apoyo relevantes incluyen el uso de imágenes satelitales de alta
resolución, la aplicación de sistemas de información geográfica (SIG) para el procesamiento de
datos espaciales y la inteligencia artificial aplicada al análisis de grandes volúmenes de datos
ambientales (Vitola-Quintero et al., 2024), ya que estas herramientas amplían las capacidades
de los investigadores para detectar patrones de comportamiento delictivo, establecer vínculos
de causalidad y cuantificar los daños ocasionados al medio ambiente.
Cabe precisar que la experiencia internacional ofrece ejemplos valiosos sobre la eficacia
de estas tecnologías. Por ejemplo, en Brasil, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales
(INPE) utiliza imágenes satelitales para monitorear en tiempo real la deforestación en la
Amazonía, proporcionando información fidedigna que ha sido utilizada en procesos judiciales
contra responsables de delitos ambientales (López, 2023). Este es el caso también de Estados
Unidos, donde la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha empleado drones para documentar
vertimientos ilegales de desechos tóxicos, mejorando la calidad de las pruebas presentadas ante
los tribunales (United States Environmental Protection Agency, 2022).
Sin embargo, también se han identificado obstáculos en la implementación de estas
tecnologías, entre los cuales se encuentran los altos costos de adquisición y mantenimiento de
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los equipos, la necesidad de capacitación especializada para su operación y la falta de
protocolos claros que garanticen la legalidad de la evidencia recolectada (Elguera Carbajal,
2024). Asimismo, existe una preocupación sobre el respeto a los derechos fundamentales de las
personas afectadas por la vigilancia aérea, lo que exige un delicado equilibrio entre eficacia
investigativa y respeto a las garantías constitucionales.
Pese a estos desafíos, se han identificado buenas prácticas en la experiencia comparada:
la adopción de marcos normativos que regulen expresamente el uso de tecnologías en el
contexto penal, la elaboración de protocolos de actuación que aseguren la cadena de custodia
de la evidencia tecnológica y la capacitación continua de los operadores judiciales. Estas son
algunas de las medidas que han demostrado ser efectivas para potenciar el uso de drones y
sensores remotos en la investigación de delitos ambientales (Thompson, 2021).
En el contexto colombiano, algunos pilotos de uso de drones para el monitoreo de
parques nacionales naturales y zonas de reserva forestal han mostrado resultados
prometedores, aunque todavía limitados en cuanto a su integración efectiva en los procesos
penales (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022). Estas iniciativas demuestran que,
con la adecuada regulación y fortalecimiento institucional, es posible aprovechar el potencial
de dichas tecnologías para enfrentar de manera más eficiente los delitos ambientales.
Metodología
En cuanto al diseño metodológico de la presente investigación, se fundamenta en un
enfoque cualitativo, basado en el análisis de contenidos normativos, jurisprudenciales y
doctrinales, y complementado con el estudio de experiencias prácticas en el uso de tecnologías
innovadoras en la investigación penal de delitos ambientales. En este sentido, la naturaleza
cualitativa se justifica por la necesidad de comprender los marcos jurídicos, interpretar las
dinámicas operativas y formular propuestas de mejora normativa y técnica, siguiendo las
recomendaciones de Flick (2018) sobre investigación social cualitativa aplicada al ámbito
jurídico.
Asimismo, el tipo de investigación desarrollado es documental, puesto que se concentra
en la revisión y sistematización de fuentes secundarias relevantes. En consecuencia, se trata de
un estudio descriptivo, en tanto analiza las condiciones actuales de la investigación penal
ambiental en Colombia; analítico, en la medida en que identifica los problemas y vacíos
normativos y operativos; y propositivo, dado que plantea lineamientos técnicos y jurídicos para
optimizar la eficacia probatoria mediante la incorporación de nuevas tecnologías, en
coherencia con el enfoque metodológico planteado por Hernández et al. (2014).
Las fuentes de información utilizadas en esta investigación incluyen, en primer lugar,
normativa nacional relevante, como la Constitución Política de 1991, el Código Penal
Colombiano y normas sectoriales ambientales específicas. Además, se consideran instrumentos
de derecho internacional, particularmente aquellos que comprometen a Colombia en materia
de protección ambiental, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de
Escazú, conforme al análisis de Poorhashemi (2021) sobre la internacionalización del derecho
ambiental.
Además, se realiza un examen exhaustivo de jurisprudencia relevante, principalmente
de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que ha interpretado y
desarrollado el contenido de los derechos ambientales y los estándares probatorios en el
contexto penal. Este análisis sigue las pautas metodológicas propuestas por Paredes Paredes y
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Almagro Castro (2023), quienes destacan la importancia de la jurisprudencia como fuente
normativa en sistemas constitucionalizados.
Desde esta perspectiva, la doctrina especializada constituye otra fuente esencial a través
del estudio de libros y artículos científicos publicados por expertos en derecho penal ambiental,
derecho probatorio y nuevas tecnologías aplicadas al proceso penal. Se revisan, además,
reportes y estudios de casos que documentan el uso de drones, sensores remotos y otras
tecnologías emergentes en la detección y judicialización de delitos ambientales tanto a nivel
nacional como internacional, en concordancia con las directrices de Yin (2018) sobre
investigación basada en estudios de caso.
Ahora bien, el criterio de selección de fuentes se basó en su pertinencia actual,
privilegiando aquellas publicadas en los últimos ocho años para asegurar la contemporaneidad
de los datos analizados. A su vez, la relevancia jurídica y tecnológica fue otro criterio
fundamental, priorizando documentos que abordaran directamente los temas de investigación
penal, delitos ambientales y tecnologías innovadoras, en línea con los estándares de calidad
científica recomendados por Arias (2023) para revisiones documentales sistemáticas.
En cuanto al método de análisis, se empleó un análisis de contenido legal, identificando
las disposiciones normativas aplicables, sus vacíos y las tensiones interpretativas que surgen en
su aplicación práctica. A tal efecto, se aplicó un análisis doctrinal, examinando las posiciones
académicas sobre los desafíos probatorios en delitos ambientales y el uso de tecnologías en la
investigación penal, como sugiere Lariguet (2019) en sus estudios sobre metodología jurídica.
Asimismo, se llevó a cabo un análisis jurisprudencial, sistematizando las decisiones
relevantes de altas cortes colombianas para identificar tendencias, criterios reiterados y
estándares aplicables a la recolección de pruebas en delitos ambientales, lo que permitió
evaluar en qué medida la jurisprudencia ha facilitado o limitado la adopción de tecnologías
emergentes como medios lícitos de prueba en el proceso penal.
De manera complementaria, se realizó un análisis comparativo de experiencias
nacionales e internacionales siguiendo la metodología propuesta por Gutteridge (2023) para el
derecho comparado, lo que ayudó a identificar buenas prácticas, obstáculos recurrentes y
recomendaciones derivadas de contextos jurídicos diferentes al colombiano, proporcionando
insumos valiosos para la formulación de propuestas contextualizadas y viables.
Cabe señalar que las limitaciones de la investigación deben ser reconocidas para situar
adecuadamente el alcance de los resultados obtenidos. En primer lugar, se enfrentó la
restricción de acceso a datos confidenciales relativos a investigaciones penales en curso por
delitos ambientales dado el carácter reservado de muchos de estos procesos en Colombia, lo
que restringió la posibilidad de realizar un análisis empírico directo sobre casos concretos, por
lo cual se optó por un enfoque centrado en fuentes públicas y literatura especializada.
En segundo lugar, se identificó la escasa regulación específica sobre el uso de
tecnologías innovadoras en el proceso penal colombiano, ya que, aunque existen disposiciones
generales sobre medios de prueba y admisibilidad probatoria en el Código de Procedimiento
Penal, no se cuenta aún con un marco normativo claro que regule el empleo de drones,
sensores remotos o inteligencia artificial en las investigaciones penales, como lo advierte Dávila
(2024). Esta ausencia normativa implica que gran parte del análisis se haya basado en criterios
doctrinales, interpretaciones jurisprudenciales y comparaciones internacionales.
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Adicionalmente, la rápida evolución tecnológica plantea un desafío metodológico en
tanto que las innovaciones en sensores remotos, procesamiento de imágenes y análisis de datos
avanzan a un ritmo que supera muchas veces la actualización de los marcos regulatorios y
doctrinales. Este fenómeno, identificado por Aguilar (2021) como “brecha de gobernanza
tecnológica”, condiciona la vigencia temporal de algunos hallazgos y recomendaciones
formuladas en el presente estudio. Finalmente, la investigación reconoce la dificultad de
extrapolar directamente experiencias internacionales a la realidad colombiana, debido a
diferencias contextuales en cuanto a estructura institucional, capacidades tecnológicas, marco
normativo y cultura jurídica. Por esta razón, el análisis comparativo se realizó con criterios de
adaptación contextual, valorando aquellas experiencias que, con las adecuadas adaptaciones,
puedan ser plausiblemente replicadas en el sistema jurídico colombiano.
Resultados
La investigación permitió identificar importantes vacíos normativos y operativos en el
contexto colombiano respecto al uso de nuevas tecnologías para la investigación penal de
delitos ambientales. En cuanto al marco jurídico vigente, este no contempla de manera expresa
la utilización de drones, sensores remotos o imágenes satelitales como medios de prueba en el
proceso penal, lo cual genera incertidumbre sobre su admisibilidad y valoración en juicio
(Dávila, 2024). Esta ausencia de regulación específica dificulta la labor de los fiscales e
investigadores, quienes deben recurrir a interpretaciones extensivas de normas generales de
prueba contenidas en el Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, se evidenció que no existen protocolos operativos estandarizados para la
captura, procesamiento y preservación de datos obtenidos mediante estas tecnologías en
investigaciones ambientales. Desde el punto de vista jurídico, la falta de lineamientos claros
sobre la cadena de custodia de imágenes aéreas, grabaciones remotas y datos geoespaciales
pone en riesgo su autenticidad y la posibilidad de ser considerados elementos probatorios
válidos, como advierte Herrera (2024) en su análisis sobre pruebas electrónicas en Colombia.
En cuanto a la práctica procesal, se constató que los operadores judiciales carecen de
formación específica en el manejo y valoración de evidencia tecnológica relacionada con delitos
ambientales, situación que repercute negativamente en la calidad de los actos de investigación
y en la fundamentación de decisiones judiciales, como lo señalan Álvarez Sánchez et al. (2023),
quienes enfatizan la necesidad de capacitación técnica y jurídica permanente para fiscales,
jueces y defensores públicos.
Por otro lado, el análisis de experiencias nacionales e internacionales proporcionó
insumos valiosos para comprender el potencial y los desafíos de incorporar tecnologías
emergentes en el combate a los delitos ambientales. En Colombia, iniciativas como el Programa
de Monitoreo de la Amazonía, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), utilizan sensores satelitales para detectar focos de deforestación, aunque
su articulación con procesos penales aún es incipiente (IDEAM, 2022).
Respecto al ámbito internacional, destaca el caso de Brasil, donde el sistema Deter
(Detección de Deforestación en Tiempo Real) ha permitido la emisión de alertas tempranas
sobre cambios en la cobertura forestal amazónica, facilitando intervenciones oportunas por
parte de las autoridades ambientales y fiscales (Souza et al., 2024). No obstante, un análisis
detallado revela que, aunque el sistema Deter ha mejorado la capacidad de respuesta
institucional, enfrenta limitaciones relacionadas con la resolución de las imágenes y la
integración de los datos en los procesos judiciales (Assunção et al., 2015).
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Otra experiencia relevante proviene de Estados Unidos, donde la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) ha empleado drones para documentar vertimientos ilegales de sustancias
contaminantes en ríos y lagos. Estos dispositivos han permitido la obtención de evidencia
directa en casos que, de otra manera, serían difíciles de probar debido a la magnitud y
dispersión de los daños (EPA, 2022). Sin embargo, la EPA ha debido establecer estrictos
protocolos de operación para garantizar el respeto a los derechos constitucionales de
privacidad y propiedad privada, conforme lo exige el fourth amendment.
A nivel europeo, se observó que, en países como España, el uso de Aeronaves no
Tripuladas en investigaciones ambientales está regulado por normativa específica que establece
requisitos técnicos, límites de operación y procedimientos para la incorporación de los datos
recolectados al proceso penal (Bustos, 2023). Dicha regulación posibilita que las evidencias
obtenidas mediante drones sean admitidas sin mayores controversias en procesos judiciales,
fortaleciendo así las capacidades de investigación y sanción.
Mediante el análisis de estas experiencias se identificaron factores de éxito que resultan
pertinentes para una implementación efectiva en el contexto colombiano. En primera
instancia, la existencia de marcos normativos claros que definan los alcances y limitaciones del
uso de tecnologías en el proceso penal es fundamental para garantizar la validez y
admisibilidad de las pruebas. De igual manera, la capacitación especializada de los operadores
judiciales en el manejo y valoración de evidencia tecnológica es indispensable para asegurar un
adecuado uso de estas herramientas.
Por otra parte, entre las limitaciones detectadas se encuentran los elevados costos de
adquisición y mantenimiento de equipos tecnológicos, así como los desafíos logísticos para su
operación en territorios de difícil acceso como las selvas amazónicas, los páramos y las zonas
montañosas del Pacífico colombiano (Robinson y Smith, 2018). También se identificó la
necesidad de establecer mecanismos de cooperación interinstitucional entre entidades
ambientales, fiscales y judiciales para optimizar el uso de los recursos disponibles.
Respecto a la factibilidad de incorporar drones y sensores remotos en Colombia, el
análisis sugiere que existen condiciones jurídicas, técnicas y operativas que deben ser
fortalecidas para viabilizar esta incorporación de manera efectiva. Desde el punto de vista
jurídico, es imperativo reformar el Código de Procedimiento Penal para reconocer
expresamente la validez de las pruebas obtenidas mediante tecnologías emergentes en
investigaciones de delitos ambientales, siguiendo modelos como el propuesto por Cardona
Pérez (2024) para la regulación de la evidencia digital.
Cabe señalar que, técnicamente, se requiere la adquisición de drones de alta resolución,
sensores multiespectrales y plataformas de análisis geoespacial con el fin de capturar, procesar
y almacenar información de manera segura y eficiente. Bajo este enfoque, la implementación
de laboratorios forenses ambientales equipados para el tratamiento de evidencia tecnológica
constituiría un paso decisivo en este sentido, como lo han planteado expertos en ciencias
forenses ambientales como Wiltshire (2024).
En este orden de ideas, operativamente es necesario diseñar protocolos estandarizados
que regulen todo el ciclo de vida de la evidencia tecnológica desde la captura en campo hasta su
presentación en juicio, protocolos que deben contemplar aspectos como la autenticación de los
datos, la protección de la cadena de custodia, la preservación de metadatos y la certificación de
los operadores de los dispositivos. Lo anterior en consonancia con las recomendaciones de
Casey (2019) sobre manejo de evidencia digital.
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En línea con lo anterior, un aspecto crítico es la protección de derechos fundamentales
durante el uso de las nuevas tecnologías, ya que la vigilancia aérea mediante drones debe
respetar los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, como lo exige el
artículo 15 de la Constitución colombiana (Constitución Política, 1991) y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de derecho a la intimidad (Corte Constitucional, 2014). En
consecuencia, cualquier intervención tecnológica en la investigación penal debe estar
debidamente autorizada por la autoridad competente y ser objeto de control judicial.
En cuanto a los beneficios esperados, la incorporación de tecnologías innovadoras
permitiría mejorar la eficiencia y efectividad de la investigación penal ambiental, reduciendo
los tiempos de reacción ante los delitos, aumentando la calidad de las pruebas recolectadas y
facilitando la imputación de responsabilidades individuales o colectivas. Además, contribuiría a
fortalecer la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para
proteger los bienes jurídicos colectivos.
No obstante, el proceso de implementación debe considerar también los riesgos
inherentes a la adopción de nuevas tecnologías: la posible vulnerabilidad a ataques
cibernéticos, la obsolescencia tecnológica y los desafíos éticos asociados al uso de inteligencia
artificial en la toma de decisiones investigativas. Estos riesgos exigen el diseño de estrategias de
mitigación que garanticen la seguridad de la información y el respeto de los principios del
debido proceso (Thompson, 2021).
Finalmente, el análisis realizado permite afirmar que, si bien Colombia enfrenta
importantes retos para la incorporación de drones y sensores remotos en la investigación penal
ambiental, también cuenta con una base normativa, institucional y técnica sobre la cual
construir avances en la materia. En ese sentido, la experiencia internacional demuestra que la
innovación tecnológica, cuando es acompañada de una adecuada regulación y fortalecimiento
institucional, transforma radicalmente las capacidades del Estado para enfrentar de manera
eficaz la criminalidad ambiental.
Discusión
El análisis efectuado en esta investigación conduce a realizar una interpretación crítica
de los hallazgos, aportando nuevas perspectivas sobre las condiciones actuales y las
proyecciones futuras del uso de nuevas tecnologías en la investigación penal ambiental en
Colombia. En términos generales, se logró evidenciar que, aunque existe un reconocimiento
progresivo de la importancia de integrar herramientas tecnológicas como drones y sensores
remotos en las labores de investigación penal, la falta de un marco regulatorio específico y de
protocolos operativos adecuados limita su incorporación efectiva. Lo anterior coincide con los
diagnósticos realizados por Muñoz (2023) sobre innovación tecnológica en procesos judiciales.
Entre los logros alcanzados se encuentra la consolidación de iniciativas institucionales
orientadas a la aplicación de tecnologías de monitoreo ambiental, lo que demuestra un interés
incipiente por modernizar los métodos de investigación. La implementación de proyectos
piloto en áreas protegidas, la adquisición de equipos tecnológicos y la capacitación básica en
herramientas de teledetección constituyen avances relevantes que permiten vislumbrar un
cambio de paradigma en la persecución penal de los delitos ambientales, alineándose con las
tendencias internacionales descritas por Barfield y Pagallo (2020) sobre criminalística forense
contemporánea.
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Sin embargo, persisten obstáculos que impiden la plena efectividad de estas tecnologías
en el ámbito judicial. Concretamente, la ausencia de legislación específica genera inseguridad
jurídica respecto a la admisibilidad probatoria de la evidencia obtenida mediante drones o
sensores remotos (Sierra, 2008). Además, las carencias en la infraestructura tecnológica, los
déficits presupuestales y la insuficiente capacitación especializada de los operadores judiciales
profundizan las brechas entre la disponibilidad tecnológica y su utilización efectiva en procesos
penales.
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos de esta investigación ponen de manifiesto
la tensión entre la innovación tecnológica y los principios clásicos del derecho procesal penal,
ya que la adopción de nuevas herramientas plantea la necesidad de reformular los conceptos
tradicionales de obtención, aseguramiento y valoración de la prueba (Yepes et al., 2022). En
consecuencia, este fenómeno desafía el modelo inquisitivo y acusatorio tradicional, exigiendo
una relectura crítica de las garantías procesales bajo la óptica de las nuevas realidades
tecnológicas.
De igual forma, en términos prácticos la evidencia tecnológica representa un gran
aporte para mejorar la eficacia de las investigaciones penales ambientales. Así pues, la
posibilidad de capturar imágenes aéreas de alta resolución, realizar mediciones geoespaciales
precisas y documentar en tiempo real actividades ilícitas proporciona a los fiscales
instrumentos más sólidos para fundamentar sus acusaciones, reduciendo la dependencia
exclusiva de testimonios humanos o pruebas materiales tradicionales, como lo señalan
Robinson y Smith (2018) en su estudio sobre innovación tecnológica en derecho penal.
No obstante, la incorporación de esta evidencia plantea retos considerables en materia
de admisibilidad probatoria. Por ende, según criterios reiterados por la Corte Suprema de
Justicia de Colombia (2021), toda prueba debe cumplir con los principios de licitud,
autenticidad y fiabilidad para ser valorada en juicio. En este contexto, la falta de regulación
sobre la recolección, almacenamiento y presentación de pruebas tecnológicas incrementa el
riesgo de exclusión probatoria por vicios en la cadena de custodia o por violaciones a derechos
fundamentales (Cardona Pérez, 2024).
En términos jurídicos, la interpretación crítica de estos resultados sugiere que no basta
con incorporar nuevas tecnologías; es imprescindible desarrollar una arquitectura jurídica y
procedimental que asegure su integración respetuosa de los principios del debido proceso.
Como advierte Susskind (2019), la modernización del derecho no debe poner en riesgo los
pilares fundamentales de la justicia, sino fortalecerlos mediante la adecuación de los
procedimientos a las dinámicas contemporáneas. Ahora bien, el impacto de la tecnología sobre
la eficacia probatoria no es automático ni homogéneo, depende en gran medida de factores
contextuales como la calidad técnica de los equipos utilizados, la capacitación del personal que
los opera, la claridad de los protocolos de actuación y la supervisión judicial efectiva sobre los
procedimientos de obtención de pruebas (Dávila, 2024).
Es preciso señalar que, en Colombia, la incorporación de nuevas tecnologías en la
investigación penal ambiental enfrenta un entorno de alta complejidad, caracterizado por
factores geográficos adversos, limitada cobertura institucional en zonas rurales y alta
vulnerabilidad de los ecosistemas afectados. Dichos elementos imponen exigencias adicionales
al diseño de estrategias de implementación tecnológica, las cuales deben ser adaptadas a las
condiciones específicas de cada región siguiendo el enfoque territorial propuesto por García-
Cabana (2022) para políticas públicas ambientales.
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Desde el punto de vista de la admisibilidad probatoria, uno de los principales retos es
garantizar que las pruebas tecnológicas cumplan con los estándares de legalidad exigidos por la
Constitución y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906, 2004). En consecuencia, el
principio de proporcionalidad debe guiar la utilización de dispositivos de vigilancia aérea,
evitando afectaciones innecesarias o desproporcionadas a derechos fundamentales, como lo
exigen las reglas de interpretación constitucional establecidas en la Sentencia ST-364 de la
Corte Constitucional colombiana (2018).
Además, se requiere fortalecer la capacidad técnica de las autoridades judiciales para
comprender y evaluar correctamente la evidencia tecnológica, en virtud de la complejidad
técnica de los datos obtenidos mediante drones o sensores remotos, lo que puede dificultar su
interpretación y valoración adecuada si no se cuenta con peritos especializados y protocolos de
validación robustos. Esta situación ya fue advertida en experiencias internacionales como la de
Australia, donde los tribunales exigen estándares estrictos de autenticación de evidencia digital
(Logaraja, 2015).
Otro aspecto crítico identificado es la necesidad de establecer límites claros para el uso
de tecnologías innovadoras en la investigación penal. Aunque su potencial es innegable, su
utilización sin controles adecuados podría derivar en prácticas de vigilancia masiva o
recolección indiscriminada de datos, vulnerando principios de necesidad y proporcionalidad.
Según Lee et al. (2022), el auge de la vigilancia tecnológica impone la necesidad urgente de
actualizar los marcos normativos para proteger la privacidad y otros derechos fundamentales
en sociedades digitales.
En consecuencia, se puede concluir que la incorporación efectiva de nuevas tecnologías
en la investigación penal ambiental en Colombia exige una acción simultánea en varios frentes:
adecuación normativa, fortalecimiento institucional, capacitación técnica, desarrollo de
protocolos operativos y establecimiento de mecanismos de control y supervisión judicial. Cada
uno de estos componentes es indispensable para asegurar que el uso de drones, sensores
remotos y otras tecnologías contribuya efectivamente a la mejora de la justicia penal ambiental
sin sacrificar los valores y principios que sustentan el Estado social de derecho.
Desde una perspectiva más amplia, el fenómeno analizado revela la necesidad de
promover una cultura jurídica de la innovación responsable, en la cual el uso de tecnologías no
sea visto únicamente como una cuestión técnica, sino como un componente integral de los
procesos de garantía de derechos y de fortalecimiento de la democracia (Hildebrandt, 2023).
Asimismo, también se identificaron líneas futuras de investigación, entre las cuales
destacan el estudio de los impactos sociales y culturales de la adopción de nuevas tecnologías
en procesos penales, la evaluación de los riesgos asociados a la manipulación o alteración de
evidencia tecnológica y el análisis de modelos comparados de regulación probatoria en
entornos digitales. Dichos temas adquieren especial relevancia en un contexto global de rápida
evolución tecnológica y creciente interdependencia normativa.
En definitiva, la integración de tecnologías emergentes en la investigación penal de
delitos ambientales representa una oportunidad estratégica para mejorar la eficacia del sistema
judicial colombiano, pero su éxito dependerá de la capacidad de los actores institucionales para
gestionar adecuadamente los desafíos jurídicos, éticos y técnicos que ello implica. La
tecnología, en sí misma, no garantiza justicia; es el marco normativo, la preparación de los
operadores y el respeto de los principios constitucionales los que permitirán que estas
herramientas se conviertan en verdaderos instrumentos de protección de los bienes jurídicos
colectivos y de garantía de los derechos fundamentales.
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Propuesta de lineamientos técnicos y jurídicos
La incorporación de tecnologías como drones y sensores remotos en la investigación
penal de delitos ambientales requiere de un marco jurídico y operativo que garantice la eficacia
de las pruebas recolectadas y, al mismo tiempo, respete los derechos fundamentales de las
personas. Con base en los hallazgos de esta investigación, se plantean una serie de criterios
legales, recomendaciones operativas y sugerencias de capacitación orientados a optimizar el
uso de estas tecnologías en el contexto colombiano.
Propuesta de criterios legales para regular el uso de drones y sensores en
investigación penal
Para superar la actual indefinición normativa y brindar seguridad jurídica a los
operadores judiciales resulta indispensable la promulgación de una ley especial o la
modificación del Código de Procedimiento Penal (Ley 906, 2004) que incluya disposiciones
específicas sobre el uso de tecnologías emergentes en la recolección de pruebas. Dicha reforma
debería contemplar, al menos, los criterios esenciales que se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Propuesta de criterios legales para regular el uso de drones y sensores en investigación penal.
Principio
Descripción
Legalidad y autorización previa
El uso de drones o sensores debe ser autorizado por un juez de control de
garantías conforme al artículo 250 de la Constitución Política de Colombia y la
Sentencia C-336 de la Corte Constitucional.
Proporcionalidad y necesidad
La vigilancia tecnológica solo procede si es estrictamente necesaria y no existen
medios menos intrusivos para recaudar la evidencia requerida.
Protección de la intimidad
Deben implementarse protocolos para evitar la captación de información
irrelevante o sensible, garantizando el respeto a la intimidad y al domicilio.
Admisibilidad y cadena de custodia
La evidencia digital debe ser recogida con actas formales que aseguren su
autenticidad, integridad y trazabilidad conforme a estándares técnicos.
Limitación temporal y espacial
Las autoridades deben establecer claramente el tiempo y el espacio de
operación, evitando monitoreos indiscriminados o masivos.
Responsabilidad del operador
Solo personal certificado puede operar estos dispositivos, asumiendo
consecuencias administrativas y penales en caso de uso indebido.
La adopción de estos criterios contribuiría a cerrar las lagunas legales existentes y
permitiría la integración ordenada y respetuosa de las nuevas tecnologías en el proceso penal
ambiental colombiano.
Recomendaciones operativas para la Fiscalía General de la Nación y entidades
ambientales
La efectividad de los medios tecnológicos en la investigación penal no depende
únicamente del marco legal, sino también de la existencia de protocolos operativos claros y
consistentes. En este sentido, en la tabla 2 se proponen acciones concretas para la Fiscalía
General de la Nación y las entidades ambientales competentes.
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Tabla 2. Recomendaciones operativas para la Fiscalía General de la Nación y entidades ambientales.
Recomendación técnica
Descripción especializada
Protocolos operativos estandarizados
La Fiscalía, junto con autoridades ambientales, debe establecer protocolos para
planificar misiones con drones y sensores, regulando la captura, custodia y uso
probatorio.
Unidades forenses especializadas
Crear unidades técnicas con fiscales y analistas formados en teledetección y
georreferenciación dedicadas a investigaciones ambientales con base
tecnológica.
Infraestructura tecnológica avanzada
Dotar a estas unidades de drones de alta resolución, sensores multiespectrales,
estaciones móviles y software SIG para análisis espacial.
Bases de datos georreferenciadas
Implementar repositorios digitales que almacenen imágenes, videos y datos,
asegurando su autenticidad y disponibilidad para procesos judiciales.
Coordinación interinstitucional
Establecer canales permanentes entre Fiscalía, Policía ambiental, IDEAM e IGAC
para operativos conjuntos y flujo eficiente de información técnica.
La implementación de estas recomendaciones fortalecería la capacidad investigativa del
Estado para obtener una reacción más rápida, efectiva y basada en evidencia científica ante la
comisión de delitos que afecten gravemente el patrimonio natural colombiano.
Sugerencias de capacitación para operadores judiciales
Bajo este enfoque, la transformación tecnológica de la investigación penal exige una
actualización permanente de las competencias de los operadores judiciales. En este sentido, en
la tabla 3 se presentan unas sugerencias de capacitación.
Tabla 3. Sugerencias de capacitación para operadores judiciales.
Sugerencias
Descripción
Diseñar programas de formación
continua
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Escuela de Estudios e
Investigaciones Criminalísticas de la Fiscalía deben incluir en sus programas
de capacitación cursos sobre tecnologías emergentes, evidencia digital,
drones, sensores remotos y derecho probatorio digital, siguiendo las
propuestas formativas de Susskind (2019).
Promover certificaciones técnicas
Los fiscales, investigadores, peritos y jueces involucrados en investigaciones
ambientales deberían obtener certificaciones reconocidas en operación de
Vehículos Aéreos no Tripulados, análisis de imágenes satelitales y gestión de
datos geoespaciales.
Fomentar la capacitación intersectorial
Organizar talleres conjuntos con profesionales de ciencias ambientales,
geografía, ingeniería electrónica y derecho para fomentar enfoques
interdisciplinarios en el uso de tecnologías en la investigación penal, en línea
con las recomendaciones de Thompson (2021) sobre formación jurídica en
entornos digitales.
Actualización en estándares
internacionales
Capacitar a los operadores en los marcos regulatorios y las buenas prácticas
adoptadas en otros sistemas jurídicos para el manejo de evidencia
tecnológica, como las guías elaboradas por Interpol y el Consejo de Europa
sobre cibercrimen y evidencia electrónica (Organización Internacional de
Policía Criminal, 2021).
Evaluaciones periódicas de
competencias
Establecer mecanismos de evaluación continua del desempeño de los
operadores judiciales en el manejo de las nuevas tecnologías para garantizar
la actualización y el mantenimiento de altos estándares de calidad en la
recolección y presentación de pruebas.
Estas sugerencias de capacitación permitirían fortalecer las habilidades técnicas de los
operadores y la comprensión crítica de los límites éticos, jurídicos y procesales que deben
respetarse en el uso de tecnologías en el ámbito judicial.
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Tabla 4. Organización de las funciones estratégicas de las entidades.
Entidad
Función estratégica
Fiscalía General de la Nación
Direccionamiento jurídico del uso probatorio de tecnologías, emisión de
lineamientos de admisibilidad y coordinación interinstitucional.
Policía Nacional – Dirección de
Carabineros y Protección Ambiental
Implementación operativa de tecnologías en campo, aseguramiento de
cadena de custodia digital y formación táctica especializada.
IDEAM, ANLA y
Parques Nacionales Naturales
Verificación técnica de datos geoespaciales, elaboración de peritajes digitales
y provisión de alertas de monitoreo ambiental.
Corporaciones Autónomas Regionales
Coordinación territorial, apoyo logístico y facilitación de infraestructura
tecnológica en zonas priorizadas.
Financiamiento
La viabilidad financiera y normativa de incorporar tecnologías emergentes en la
investigación penal ambiental en Colombia puede estructurarse a partir de tres pilares
complementarios: cooperación internacional, financiación estatal y soporte jurídico-doctrinal.
Desde el plano internacional, Colombia puede acceder a recursos mediante
mecanismos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima (GCF), que ha financiado
sistemas satelitales avanzados en países como Brasil (2020); el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF), que ha apoyado proyectos de monitoreo forestal y vigilancia remota en el país
(2021); y la Declaración Conjunta de Intención (JDI) con Noruega, Alemania y Reino Unido,
que ha canalizado pagos por resultados REDD+ para reducir la deforestación (MinAmbiente,
2024). Estas fuentes son estratégicas para financiar propuestas de monitoreo judicial
ambiental lideradas por la Fiscalía y la Policía Nacional.
En el ámbito interno, la ley por medio de la cual se dictan disposiciones para la
transición energética (Ley 2099 de 2021) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
establecen la prioridad del control ambiental y la vigilancia tecnológica, permitiendo al
Ministerio de Ambiente cofinanciar infraestructura técnica. Además, el Sistema General de
Regalías posibilita estructurar proyectos regionales de vigilancia forestal con drones
(Bohórquez Camargo, 2012), mientras que MinCiencias ofrece convocatorias para soluciones
tecnológicas en seguridad y ambiente. Por su parte, la Ley 1333 de 2009, por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental, permite destinar recursos recuperados por
daño ambiental a la modernización investigativa.
Finalmente, la Sentencia C-449 de la Corte Constitucional reafirma el deber estatal de
priorizar financieramente los asuntos ambientales (2015). Bernal (2017) y Dejusticia (2021)
sostienen que el Estado debe dotar al sistema judicial de herramientas tecnológicas adecuadas
para proteger derechos colectivos. Dicha articulación interinstitucional, normativa y financiera
constituye una vía jurídicamente legítima y operativamente viable para consolidar un sistema
de investigación penal ambiental tecnológicamente fortalecido.
Conclusiones
La presente investigación ofrece una visión integral sobre el potencial transformador de
las nuevas tecnologías en la investigación penal ambiental en Colombia. A partir de un análisis
normativo, doctrinal, jurisprudencial y comparado se identificaron barreras y oportunidades en
el uso de drones, sensores remotos y otras herramientas tecnológicas aplicadas a la recolección
de pruebas.
En este orden de ideas, uno de los principales aportes radica en la formulación de
criterios jurídicos claros para regular el uso de tecnologías en el proceso penal, sustentados en
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el respeto a los derechos fundamentales, los principios del debido proceso y los estándares
internacionales de admisibilidad probatoria. Asimismo, se diseñaron propuestas operativas
para el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades
ambientales, integrando enfoques técnicos, jurídicos y organizacionales. Finalmente, también
se elaboró una estrategia de formación interdisciplinaria dirigida a fiscales, jueces, peritos e
investigadores y orientada a la apropiación responsable de herramientas tecnológicas y a su
correcta valoración como medios de prueba, con el fin de reducir riesgos de invalidez o
controversia jurídica en sede judicial.
En términos sustantivos, el estudio demuestra que, con una adecuada regulación e
implementación, las tecnologías emergentes pueden reforzar la eficacia procesal, garantizar la
protección de los bienes jurídicos colectivos y legitimar socialmente la justicia penal ambiental.
Dicha perspectiva se inscribe en una visión de justicia compatible con los principios de
sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional. No obstante, la investigación enfrentó
limitaciones relevantes debido a la falta de acceso a información reservada sobre casos activos,
lo cual impidió una validación empírica directa, y la ausencia de una regulación específica
sobre evidencia tecnológica en Colombia obligó a fundamentar muchas recomendaciones en
experiencias internacionales y principios generales.
Frente a estos desafíos, se proponen futuras líneas de investigación orientadas al
análisis empírico de casos judiciales que involucren evidencia tecnológica, estudios
interdisciplinarios sobre los impactos éticos y sociales de su uso y análisis costo-beneficio sobre
su implementación. Asimismo, se recomienda desarrollar estudios comparativos sobre marcos
regulatorios en otras jurisdicciones que sirvan de referente para el diseño de una legislación
nacional robusta. En síntesis, más allá de incorporar tecnologías, el reto es integrarlas de forma
estratégica, garantista y sostenible en el sistema penal colombiano, asegurando que sirvan a la
verdad procesal sin menoscabar los derechos que el Estado está obligado a proteger.
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